Juli Ponce «Se producen muchas normas jurídicas y de muy baja calidad, pero eso se puede solucionar»
El Dr. Juli Ponce Solé, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, hace dos años que lidera el Living Lab sobre el Buen Gobierno y Calidad de la Regulación, un campo de experimentación que permite idear, construir, probar y evaluar de manera conjunta los retos que la regulación y el buen gobierno plantean en los contextos contemporáneos.
¿Cómo se realiza la producción de normas actualmente?
En términos generales, muy mal. Es de ahí, precisamente, de donde nace la idea del Living Lab. Además, se aprueban muchísimas normas. Un estudio que hicimos en 2017 con la Diputación de Barcelona, nos dio la cifra que sólo a nivel local en Catalunya había más de 17.000 normas en vigor. Se producen muchísimas normas (leyes, reglamentos, ordenanzas, planes…) y la calidad de estas normas es bastante baja, básicamente por dos motivos. El primer motivo, y más fácil de apreciar, es el lenguaje que utilizan estas normas, que, a menudo, no es nada claro, presenta incongruencias, etc. Y el segundo motivo, más difícil de apreciar, es que muy a menudo se aprueban normas que tienen unos impactos sobre los ciudadanos, sobre las empresas o sobre el gasto público que no se miden ni se analizan debidamente antes. Esto provoca que muchas normas deban modificarse rápidamente, e incluso que tengan que acabarse derogando por sus efectos negativos. En este sentido, pues, existe un consenso bastante amplio de que se hacen muchas normas y muy mal.
¿Esto ocurre sólo en España?
Que se hagan muchas normas es una tónica extendida en las sociedades de nuestro entorno, debido a su complejidad. Yo creo, sin embargo, que en España y en Catalunya llevamos mucho retraso con respecto a otros países en cuanto a preocuparnos por la calidad de las normas; y no sólo por el hecho de que se dictan muchas, sino también por que las que se dictan sean de calidad. En otros países ya hace décadas que utilizan una serie de técnicas para reducir el número de normas y medir previamente los impactos de las normas que se quieren dictar, y en cambio aquí sólo muy recientemente hemos comenzado a utilizar estos mecanismos, que todavía son muy desconocidos por nuestros reguladores. Y el retraso en este interés por la calidad de las normas creo que es una característica propia de Catalunya y de España. Los problemas son comunes, pero nosotros estamos en el comienzo todavía.
¿Qué consecuencias comporta esto para la sociedad?
Consecuencias de todo tipo. Hay una manera de hablar de estas consecuencias, que es coger las tres patas de lo que en Europa se conoce como la “sostenibilidad de las leyes”: la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica. Socialmente, si las normas no están bien estudiadas, si no miden los impactos que se derivarán de ellas, si no tienen los efectos que se quisiera que tuvieran, entonces son papel mojado. O peor aún: tienen efectos perjudiciales para las personas. Por lo tanto, socialmente este hecho tiene impactos negativos. Desde el punto de vista ambiental, ni que decir tiene que si no se miden los impactos ambientales, tendrán consecuencias negativas para el medio ambiente. Y respecto a la tercera pata, que es el impacto que la mala regulación tiene en la sostenibilidad económica, tenemos datos empíricos, incluso de organizaciones internacionales, que han medido el impacto que tiene la mala regulación en el crecimiento económico de los países. Existen varios estudios internacionales (por ejemplo de la OCDE), en los que se menciona el caso español, en los que se afirma que si se consiguiera mejorar la calidad normativa a medio plazo, el producto interior bruto español podría crecer entre un 10% y un 15%. Podemos ser un poco escépticos con respecto a este eventual porcentaje de crecimiento, pero sí que es cierto que la mala regulación lastra hasta cierto punto el PIB de un país, y que cuanto mejor es la regulación, más posibilidades tiene un país de crecer económicamente y de reducir el paro.
¿Qué propone en este contexto el Living Lab sobre el Buen Gobierno y la Regulación?
Nosotros nos concentramos en analizar las normas impulsadas por el poder ejecutivo, formado por gobiernos y por administraciones públicas. Nos ocupamos de todas estas normas que provienen del poder ejecutivo, el cual, aparte de aprobar normas, también hace muchísimas otras cosas: sancionar, autorizar, subvencionar… Por tanto, el Living Lab sobre el Buen Gobierno y la Calidad de la Regulación es un laboratorio vivo que se ocupa del comportamiento en general del poder ejecutivo, y que nace sobre todo de una preocupación por la calidad de lo que hacen los gobiernos y las administraciones públicas, es decir, de lo que modernamente se denomina “derecho a una buena administración”. El Living Lab detecta un déficit de análisis y de aplicación práctica de la buena administración y del buen gobierno, y pretende impulsar proyectos que permitan avanzar en este camino, tanto en lo que se refiere a las buenas regulaciones como en lo relativo a otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los servicios públicos.
¿De qué manera se intenta hacer esta mejora?
Hace dos años que nos reunimos personas tanto del sector público, de varias administraciones de varios niveles, como del sector privado con el objetivo de tratar de identificar los problemas y de proponer mejoras en el ordenamiento jurídico y su práctica. También hemos generado indicadores que puedan ayudar a las administraciones públicas a medir la calidad de las normas antes de aprobarlas y evaluar su eficacia real posterior. Lo que pretendemos, en definitiva, es detectar problemas, desarrollar técnicas específicas y también proponer reformas que permitan mejorar las normas actuales y futuras.
Además, también queremos que el Living Lab sea un espacio de experimentación. En el ámbito de la regulación no existe esta parte de experimentación que sí que existe en otras disciplinas científicas (biología, etc.). Pero nosotros creemos que en el ámbito de la regulación también deben hacerse experimentos controlados. Esto ya es, ciertamente, una cuestión más compleja, y no hay ninguna experiencia en España al respecto, pero queremos ser un espacio en el que puedan hacerse experimentos controlados antes de que las normas entren en vigor. Para ello, será necesario que nos pongamos de acuerdo con algunas administraciones públicas y que tratemos de simular la entrada en vigor de una norma de interés, mediante un trabajo de campo, con actores que en un futuro estarían afectados por la regulación, a fin de poder medir la adecuación de la misma. Así podremos saber si esta norma futura se debería dicar o mejorarse en algún punto. Es algo nuevo en España, pero creemos que puede ser muy útil.
¿Cómo han acogido las instituciones esta iniciativa?
En cuanto al sector público, la acogida ha sido muy buena; todos los niveles de la administración pública han mostrado mucho interés. A las dos primeras reuniones han asistido representantes tanto de la administración del Estado como de nivel autonómico y local. Han venido personas que trabajan en la Generalitat de Cataluña en otras Comunidades Autónomas y también representantes de entidades del mundo local, como la Federación de Municipios de Catalunya, que tenemos la suerte de que colabora con nosotros. A través del Living Lab no sólo queríamos reunir a la gente que hace las normas, sino también a los agentes que son los destinatarios de las normas; es decir, no tener representados únicamente a los actores reguladores, sino también a los regulados, tanto del sector público como del sector privado. Por eso a las reuniones también ha asistido la PYMEC (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña), y nos gustaría poder ampliar la asistencia a más agentes regulados. Con los resultados que estamos obteniendo, este verano haremos una publicación de periodicidad anual que tratará sobre el buen gobierno y la calidad de la regulación. Este anuario hará una reflexión, que este año versará sobre cómo ha funcionado el ámbito regulatorio a lo largo del 2019, y será publicado por la Fundación Democracia y Gobierno Local, que es un actor reconocido en este ámbito. Éste será uno de los primeros resultados del Living Lab.
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